La misma lógica maniquea, el mismo dispositivo para renovar la arquitectura del Estado, la misma advertencia a quienes manifiestan en las calles: a Miraflores no van a llegar. Mientras apalean a la gente y practican detenciones, el recado es el mismo: represión y limbo legal.
Dentro del inmovilismo,
la política parece decir “eppur si muove”. La Asamblea Nacional, ha
designado a los nuevos titulares en el Ministerio Público y en la Defensoría
del Pueblo: Larry Deboe y Eglée González Lobato, respectivamente. Y,
respectivamente, podemos decir que Deboe es una ficha del chavismo y González
Lobato, es una ficha de la oposición. Si la memoria no me falla, este reparto “equilibrado”,
se ensayó a partir de 2005, cuando las élites de los partidos políticos
retomaron el ejercicio de la política para gestionar los conflictos que
arrastramos desde hace tres décadas. Esto no funcionó y este remake tampoco va
a funcionar.
Podemos echar
mano a lo que establece la Constitución para verle las costuras a estas
designaciones. Poner el grito en el cielo y condenarlas. ¿Pero acaso la Constitución
se acata y se cumple en Venezuela? Es letra muerta, ¿no? Entonces, no gastemos
pólvora en zamuro. Veamos estas designaciones dentro del proceso político que se
inauguró el pasado 3 de enero. El gobierno tutelado de Rodríguez mueve sus
fichas y los convocados a la mesa de negociación, guardan silencio. Ya se sabe
que el que calla otorga.
Lo llamativo
sería examinar la designación de González Lobato. Seguramente, es el resultado
de un arreglo entre los partidos políticos que participan en la institucionalidad
del Estado. Esto no es otra cosa que un apretón de manos entre el chavismo y un
sector de la oposición que ocupa un número reducido de curules en la Asamblea
Nacional. Nada que objetar, si la mecánica obedeciera a un ejercicio pleno de
la democracia. Pero no es así. Porque en Venezuela no hay democracia. Hay otra
cosa que no sabemos muy bien qué es. ¿Una transición? Volvemos a la palabra de
moda. Y aquí es donde comienza el problema. Porque en Venezuela tampoco hay tal
transición. Nos movemos en arenas movedizas, en una calma chicha, en las
preguntas sin respuestas, porque el 3 de enero se aclararon unas cuantas cosas,
pero no se definió ninguna.
Si las
designaciones del Fiscal General y la Defensora del Pueblo respondieran a una
transición a la democracia, no fueran objeto de críticas tan estridentes,
aunque, sí, reflejarían un gran malestar, porque las transiciones son, en
esencia, un cambio de rumbo, un reseteo de la forma en que entendemos y
practicamos la política. Y, como todo cambio, es doloroso. Ese no sería el
problema, porque al final del día se entendería que la dinámica de una
transición conlleva sacrificios. Y eso es lo que no queremos hacer los
venezolanos. Entonces, ¿Qué queremos? ¿Una vida fácil o tener un país? Creo que
sería una buena pregunta cuando se deje a un lado la simulación, la hipocresía
de la izquierda, la incompetencia de la oposición y abordemos, de una buena
vez, el arduo y espinoso camino de la transición política.
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