La vuelta del perro

 

La justicia en Venezuela fue siempre una actividad marginal, sin soporte institucional, teledirigida por el Palacio de Miraflores. Quizás la creación del Ministerio de Justicia nos dé una pista, corría entonces el año 1952. En la línea de tiempo de la república de Venezuela, la justicia fue elevada a rango ministerial luego de 122 años. Y lo hizo un militar, que violó los Derechos Humanos cuando y como quiso.

No podemos sentirnos orgullosos del flaco servicio que el caudillismo y el militarismo le ha hecho a la justicia. Siempre ha sido un estorbo para el ejercicio del poder autoritario. Y a esta hipótesis no escapa el período democrático de apenas 40 años. Hubo, sin embargo, episodios de independencia judicial. No me voy a referir al juicio al expresidente Carlos Andrés Pérez, que no fue justicia sino una vendetta aupada por su propio partido, Acción Democrática. Más que a la independencia del ejercicio del poder judicial, voy a referir una inferencia que me hizo un magistrado del extinto Consejo de la Judicatura, a propósito del funcionamiento de la llamada tribu de David, encabezada por David Morales Bello. La Corte Suprema de Justicia había tomado una decisión que no era del agrado (quizás porque no favorecía sus intereses) del dirigente adeco. Se produjo la llamada telefónica, atendió la magistrada Cecilia Sosa y lo que le escuchó el otro magistrado fueron estas palabras: Lo siento, pero acabo de firmar la sentencia. Lo curioso es que Sosa lo dijo mientras firmaba cada una de las páginas del fallo en cuestión.

Quizás no ha habido una separación real de los poderes públicos, tal como la hemos deseado desde 1830. Pero sí hubo demostraciones de independencia del poder judicial. Sin la menor duda, no era suficiente, pero lo estamos extrañando, tanto como extrañamos la democracia que fundó el único estadista del siglo XX venezolano, Rómulo Betancourt.

Dentro de los cambios cosméticos que adelanta el chavismo, con el propósito de aparentar una transición a la democracia, se adelanta una reforma del Tribunal Supremo de Justicia para elevar el número de magistrados de 20 a 32. En el relato del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se busca una mayor eficiencia y destrabar el número de causas que se acumulan en las diferentes salas del TSJ. Pero la verdadera razón que motiva al chavismo es abrir espacios a nuevos magistrados y suplentes que provengan de la oposición que les hace el juego en la Asamblea Nacional. Volvemos a lo mismo. Es la vuelta del perro que se muerde la cola.