Vamos a la
negociación política tutelados por los Estados Unidos. No por una convicción
propia de los venezolanos. Es poco o nada lo que se pueda obtener de unos
actores que se sientan a la mesa obligados por las circunstancias impuestas el
3 de enero. No hay un acuerdo político que vaya más allá de los alcances que
supone una elección presidencial. O lo que es lo mismo: un paso adelante en el
vacío. Hay una mayoría abrumadora de venezolanos que están hartos del chavismo,
de su incompetencia, de su mediocridad. Pero sobre todo de sus sofisticadas
prácticas corruptas. Sobre este punto no va a haber acuerdo, porque hay conchupancia,
hay redes propias de un esquema relacional —qué me das tú, que te doy yo—, en
la que han participado propios y extraños animados por el lucro y la codicia. Mejor
no hurgar en los manejos que hizo el gobierno interino de Juan Guaidó. Podría
estallar una cloaca rebosante de mierda.
Todas las
expectativas están puestas en el hipotético acuerdo electoral al que, eventualmente,
llegaran los actores políticos. Una elección en la que podrán participar todos,
gestionada por una instancia adecentada, sometida a escrutinio y vigilancia
ciudadana. Pero, sobre todo, escrutinio y vigilancia por parte de los Estados
Unidos. Tenemos que confiar en un gobierno que ha mostrado escaso compromiso
con la democracia en su propio país, que no respeta acuerdos internacionales,
que zarandea y golpea a sus aliados, que no le importa la suerte de los
venezolanos, perseguidos como delincuentes por la migra. Gane quien gane
quedará sometido al orden americano. Nadie ha mencionado el espinoso asunto del
tutelaje y la soberanía nacional. Quizás nos ocupemos de ese asunto cuando se
agoten los 300 mil millones de barriles de petróleo que hay en las entrañas de nuestra
geografía.
Nadie ha hablado
de la desmilitarización de la sociedad venezolana. Del papel que ocupan los
militares en la vida pública. Hay más de una hebra color verde oliva en la
sopa. Recordemos que Nicolás Maduro tenía en su gobierno más militares que el
general Augusto Pinochet en Chile. Lo que es mucho decir.
Nadie ha hablado
de justicia transicional, de la violación a los Derechos Humanos, de los
expedientes que cursan en la Corte Penal Internacional y la Corte
Interamericana de Justicia. En Venezuela siempre ha habido violencia política.
Siempre ha habido grandes incentivos para actuar contra lo establecido por la
Constitución y las leyes, así como contra los acuerdos internacionales que son
ley de la república. Aquí siempre ha reinado la impunidad.
He sostenido, una
y otra vez, que nos falló la política. Y ahora, que se vuelve a plantear la
transición a la democracia, digo que sin un acuerdo nacional que nos permita
encauzar las diferencias y gestionar la cosa pública, es decir, la República, estaremos
condenados al fracaso. Sería esperanzador —incluso para un pesimista
impenitente, como el que escribe estas líneas— que los actores políticos (gane
quien gane) se comprometan a respetar los resultados y a actuar de acuerdo a lo
que establece la Constitución. Quien gane, que se someta al escrutinio, al
control ciudadano (a través del parlamento), y a respetar los límites que la Constitución
le impone al poder; y quien pierda, a ejercer una oposición leal, es decir, a
que abandone las aventuras golpistas y las conspiraciones contra el orden
establecido. Que unos y otros asuman la alternabilidad y la democracia como
forma de gobierno. Y que los militares regresen a sus cuarteles. Pero quizás
esto sea pedir demasiado.
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