El mayor
desmentido a las afirmaciones hechas por la presidenta encargada, Delcy
Rodríguez, quien afirmó que el despliegue de los militares se hizo el mismo día
en que el doblete sísmico destruyó el estado Vargas (rebautizado por el antojo
de un militar como La Guaira) lo hizo ella misma, al anunciar casi dos semanas
después la creación de una unidad militar especial para enfrentar desastres
naturales como el que nos ocupa.
Los militares que
fueron enviados a la zona cero no tenían las competencias ni los medios para
socorrer a las víctimas. Ni siquiera tenían una unidad canina que los orientara
en la búsqueda y salvamento de las víctimas. Eran meros testigos de la
gigantesca tragedia. Transcurridas 60 horas, se permitió que equipos de
rescatistas de otros países hicieran su trabajo. 60 horas —y un número
indeterminado de vidas— perdidas en el laberinto de la burocracia venezolana. No
fue la única incompetencia demostrada por las fuerzas de seguridad desplegadas
en el lugar. Hubo interferencias y hostigamiento a los rescatistas
internacionales, según denuncias hechas por ellos mismos.
La reacción
tardía, la falta de medios, la incompetencia demostrada y los obstáculos
propios de una burocracia ineficaz, es lo que pone en tela de juicio la
actuación del gobierno presidido por la señora Delcy Rodríguez. Ese es el
punto, la zona gris, que solo una investigación independiente podría encarar
para establecer las responsabilidades del caso. Aquí hubo negligencia, pública
y notoria.
Seguimos imbuidos
en la lógica militar. ¿Por qué una unidad especial de las Fuerzas Armadas,
bautizada con el nombre del mariscal Antonio José de Sucre está llamada a gestionar
los desastres naturales? ¿Acaso los civiles no pueden hacer esta tarea? Ahora,
que estamos en el inicio de una curva de aprendizaje, ¿se han molestado las
autoridades del país en averiguar e investigar cómo funcionan los equipos de
defensa civil de otros países? La unidad que llegó de Israel está adscrita a
las fuerzas de defensa de ese país. No podía ser de otro modo. La sociedad
israelí está militarizada desde la creación del Estado judío, en 1948, y vive
en permanente estado de guerra.
El presidente de
la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue designado presidente del Estado
Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios que atienden a las
familias que perdieron sus viviendas. Una vez más las autoridades venezolanas
actúan bajo la lógica militar. Ha habido un Estado Mayor para todo, porque
Venezuela vive en una emergencia permanente desde el año 2013. Son 13 años de
una guerra imaginaria y eterna, en todos los ámbitos de la vida pública
venezolana. ¿Y qué hemos ganado con eso? ¿Fortalecimiento institucional? ¿Nuevos
conocimientos para enfrentar la crisis permanente en la que nos debatimos los
venezolanos?
Como parte de su
gestión al frente de este Estado Mayor, Rodríguez anunció que ya se han
localizado 40 zonas territoriales en el litoral central para construir
viviendas antisísmicas. Una comisión de ingenieros y arquitectos venezolanos le
podrían demostrar a Rodríguez que todo el litoral puede ser urbanizado, si se
construye de la forma adecuada, porque ese es el verdadero problema, la forma
en que construimos. El presidente Hugo Chávez también encontró un espacio
territorial para construir un urbanismo en Playa Grande. Viviendas que se las
tragó la tierra, porque fueron mal construidas. Los hechos hablan por sí solos.
La política nos
falló, escribí hace poco. Y nos sigue fallando. Hemos llevado la lógica
polarizante hasta las mismísimas puertas del infierno. Es increíble y particularmente
indignante que no haya una respuesta a la dimensión de la catástrofe. Eso es lo que ocurre cuando la oposición política se deslegitima ella misma. De las
entrañas de la tragedia podría surgir un nuevo liderazgo que anteponga la vida
de los venezolanos a cualquier artimaña politiquera, a la incompetencia
manifiesta del gobierno, a la fe y los cánticos esotéricos que pretenden llevar
consuelo a quienes lo han perdido todo.
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