El punto ciego de la negociación

 

En el comunicado que suscriben Jorge Rodríguez, en representación del gobierno y Dinorah Figuera, como presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, hay más preguntas que respuestas. Se establece un orden de prioridades. La primera de ellas es recuperar 20 toneladas de oro —actualmente bajo control del Banco de Inglaterra—, para mitigar la catástrofe que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Tengamos en cuenta que la respuesta del gobierno en el terreno —particularmente en la Guaira— fue tardía e ineficaz. El despliegue de militares en la zona, sin capacidades técnicas ni equipos, no significó nada. Aún así, bienvenida sea la propuesta hecha por el negociador del gobierno. Esos recursos, bien administrados y auditados, sobre lo cual también hubo acuerdo, pueden contribuir a mitigar el sufrimiento de quienes lo perdieron todo.

La segunda prioridad del acuerdo puede allanar el camino hacia una transición democrática. Es un camino incierto, lleno de obstáculos, cuya probabilidad de éxito es una incógnita. El comunicado señala que los negociadores acuerdan la “renovación y ampliación del Comité de Postulaciones” para darle cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional. Es decir, se da cabida, en el citado comité, a representantes de la sociedad civil (universidades y organizaciones no gubernamentales). Tanto el baremo como la preselección de candidatos será un hecho conocido por todos los venezolanos.

Estamos ante la oportunidad cierta de tener magistrados en el TSJ de comprobada honorabilidad, imparciales e independientes de otros poderes al momento de tomar decisiones. Las organizaciones políticas que no forman parte de la negociación o se autoexcluyeron podrán seguir de cerca este proceso de renovación del Poder Judicial. Quizás demuestren cautela, seguimiento crítico, ya que han manifestado que no serán un obstáculo que pueda descarrilar este proceso. Y otro tanto cabe exigirles a los sectores del chavismo descontento con el interinato de Delcy Rodríguez. Sectores opuestos, además, a la idea de compartir el poder. ¿Quién los va a meter en cintura? Jorge Rodríguez, además, tendrá que demostrar que no es un negociador experto… en no negociar.

El hecho de que la postulación de los magistrados —ahora bajo preceptos constitucionales— arranque desde cero, no responde a todas las interrogantes que encierra esta iniciativa. Y la más inmediata, con peso significativo, es la siguiente: Una vez que el Comité de Postulaciones haga la preselección de los candidatos a magistrados, ¿Quién o quienes van a aprobar esa preselección? ¿Quién o quienes van a juramentar a los nuevos magistrados? ¿La Asamblea de 2025 que preside Jorge Rodríguez? ¿O la Asamblea de 2015 que preside Dinorah Figuera? Ese es el punto ciego que arroja el acuerdo y la negociación.

Quizás el trámite de la juramentación lo resuelva la Asamblea Electa en 2025. Es posible. Ya aprobaron una ley de hidrocarburos contraria al interés nacional. Ya dieron fe y demostración de que pueden responder positivamente a las exigencias que haga el tutelaje que ejerce el gobierno de los Estados Unidos.

La renovación del TSJ sería algo positivo para el país. Los nuevos magistrados podrían allanar el camino para que la ciudadanía recupere la soberanía popular. No es poca cosa. Es un paso vital en la ruta hacia la democratización del país.

O avanzamos por esta vía, aún en condiciones riesgosas, o seguimos enquistando el conflicto político. Sólo hay dos opciones. No hay otra.