La política de la autoayuda

 

Lo primero que hay que decir es que el conflicto político en Venezuela está enquistado o quizás encapsulado. Me decantaría por lo primero. Se trata de un asunto, un problema, que se ha vuelto permanente. Su forma es la de un quiste tumoral, no sólo porque derivó en una emergencia humanitaria compleja, sino porque desembocó en el colapso del Estado. No hay república sin instituciones. Y ese esa es nuestra realidad.

Uno de los asuntos más problemáticos de Venezuela es la dualidad del poder legislativo. La insólita y risible circunstancia de contar con dos parlamentos en funciones. Uno electo en 2015 y otro que inició secciones el 5 de enero de 2026. Si nos atenemos a las formas —que sin duda son importantes—, a los diputados electos en 2015 ya se les venció su período, no pueden considerarse como tales. Son, en el mejor de los casos, exdiputados. Esta es una de las razones por las cuales se les tacha de ilegítimos. Pero hay un pequeño detalle. Son los diputados reconocidos por el gobierno del presidente Donald Trump. Pequeño detalle que no es nada menor. Sobre todo, después de la operación militar ejecutada por fuerzas militares estadounidenses, el pasado 3 de enero. La otra Asamblea, electa en 2024, es producto de una elección tramposa y cuestionada por varios gobiernos de Europa, América Latina y los propios Estados Unidos.

Como parte del quiste y de las células tumorales que mantienen paralizada la política en Venezuela, tenemos esta dualidad parlamentaria. Una Asamblea Nacional bicéfala. Lo que en realidad es una brasa que mantiene al rojo vivo el conflicto. Situación ideal para mantener posiciones mineralizadas, un discurso polarizante y el lenguaje de odio. Esto se ha hecho a sabiendas de que tal circunstancia produce un enorme vacío legislativo y, particularmente, inseguridad jurídica y por aquí van los tiros del diálogo que promueve la diplomacia de los Estados Unidos. Es un asunto que debe resolverse en un plazo perentorio. No tanto para fortalecer la transición hacia la democracia, como para dotar al país de un marco legal certero. Un ecosistema juridico que le permita a los inversionistas —especialmente a las empresas petroleras— desenvolverse en un entorno en el que puedan saber, a ciencia cierta, a qué atenerse. Para que Venezuela alcance una producción petrolera cónsona con su potencial —los famosos seis millones de barriles diarios—, se necesitan inversiones que rondan los 500.000 millones de dólares. Y la pregunta es: ¿Quién carajos va a invertir ese dineral en un país donde no hay seguridad jurídica?

Antes que una elección presidencial, necesitamos una elección parlamentaria. El nuevo Consejo Nacional Electoral, cuya importancia se menciona en todas las manos de la baraja, no puede ser electo por diputados cuestionados e ilegítimos y mucho menos por un Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados son, en esencia, la cohorte de la señora Cilia Flores.

Resulta penoso confesar que un acuerdo de negociación no es la prioridad en la agenda de los políticos venezolanos, sino una imposición de la Casa Blanca. Las palabras del señor Elías Jaua, “un diálogo para y por los venezolanos”, o de la señora Blanca Rosa Mármol de León, quien propone “una junta de gobierno que organice unas elecciones”, y de quienes dicen que están cansados de tanta palabrería y “quieren resultados”, son puros mensajes de autoayuda. Escapan del todo a la realidad. A nadie puede sorprender, entonces, que la sociedad venezolana esté divorciada de la política, que apele a su esencia relacional, como una forma de gestionar las penurias y de coexistir con un Estado disfuncional. Quizás fallido. La política nos ha fallado, una y otra vez. Y eso pasa cuando se niega la realidad y escasea la imaginación.