Desde que
empecé mi carrera periodística, escuché una letanía por los lados de Consecomercio,
el IESA y otras organizaciones vinculadas al sector privado: la ausencia o la
precariedad de la seguridad jurídica en Venezuela. El marco legal no era el
adecuado para estimular las inversiones y los negocios. Una de las perlas mas
relucientes de esa letanía tenía que ver con el gobierno de Rómulo Betancourt,
ganadas las elecciones de 1958. Aprobada la Constitución de 1961, el gobierno
suspendió las garantías constitucionales y económicas. Detrás de este argumento
había mucha hipocresía, sobre todo en las décadas de 1980 y 1990.
Betancourt
estaba muy consciente, incluso en sus años de exilio, de que la fuerza política
del Partido Comunista no se podía ignorar, no era nada despreciable. Tomemos en
cuenta, además, que la Revolución Cubana ladraba como un perro rabioso en toda
América Latina. Desde el punto de vista económico, se reimpulsó la doctrina de
sembrar el petróleo a través de la Corporación Venezolana de Fomento, creada en
1946 y atacada luego por el cáncer infinito de la corrupción. La osadía
empresarial de crear un partido político, con Pedro Tinoco a la cabeza, no
prosperó porque el empresariado se sentía bastante cómodo con la democracia
venezolana y el auxilio que les prestó la socialdemocracia a la que se plegó
Acción Democrática.
Luis Herrera
habló de los empresarios llorones, de las empresas quebradas y los empresarios ricos;
en su segundo gobierno, Carlos Andrés Pérez se propuso abrir la economía a la
competencia internacional y las élites venezolanas, incluida la famosa
Confederación Venezolana de Trabajadores, le pusieron la zancadilla que luego
aprovechó Hugo Chávez para poner en marcha el golpe de Estado y su proyecto
político, en el que la seguridad jurídica era el propio Chávez.
Una de las
cosas que los inversionistas y el departamento de Estado reclaman, en este inaugurado
protectorado, es que en Venezuela no hay seguridad jurídica. Y así no se pueden
atraer inversiones ni hacer negocios. Lo que no nos han dicho es que la famosa
seguridad jurídica servirá además para dejar atado, bien atado —la frase
es del general Franco—, el país tutelado, el protectorado, la neocolonia o como
ustedes la quieran llamar.
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