Una verdad de Perogrullo

 

¿Por qué necesitamos un gobierno electo en las urnas y legítimo? En cualquier país democrático, esta pregunta despertaría una reacción fría e indiferente, pero en Venezuela es un asunto existencial. Lo necesitamos, entre otras cosas, porque el chavismo, desde el primer día en que Hugo Chávez tomó posesión de su cargo, se propuso —y lo consiguió— destruir la democracia venezolana para imponer su proyecto político: una dictadura comunista, al estilo cubano, patrocinada desde La Habana.

Eso no se vio al principio, porque el mago manejaba las cuerdas de las marionetas con destreza, hubo además complicidad de las élites, de las llamadas fuerzas vivas, los anillos de la sociedad conformados por grupos de interés —sindicatos, asociaciones gremiales, empresarios, intelectuales—. En 1998 se despertó un movimiento popular, lleno de entusiasmo, decididamente inclinado al cambio político, cautivado por el carisma del mago.

Progresivamente, se fue fraguando el proyecto político de Hugo Chávez, marcado por el personalismo y, particularmente, por el militarismo. El Estado se convirtió en un coto privado de caza del llamado estamento militar. No sólo para ejercer y apoderarse de la función pública, sino para dar rienda suelta a una corrupción nunca vista en nuestra historia.

El proyecto político de Chávez devino, por convicción política, pero también por inercia, en una dictadura recubierta por una lámina de polietileno transparente, por una legalidad que no es tal y por una institucionalidad diseñada para satisfacer las apetencias y las frivolidades del ex presidente Chávez.

Todo eso fue posible gracias a la concentración de poder y al hiperliderazgo de Chávez. Nada de su proyecto político podía sobrevivir a su muerte. Y así ocurrió después del año 2013. Maduro se convirtió en un dictador y después en un tirano.

Ante todos los venezolanos quedó expuesto el país en ruinas, un Estado fallido y una institucionalidad inoperante. Por esta razón necesitamos un gobierno electo en las urnas, provisto de legitimidad. Desde los Estados Unidos, sede del gran decisor, se ha dicho que no estamos preparados para unas elecciones. Esa es una verdad a medias. Se cita para ganar tiempo y consolidar su dominio sobre Venezuela, para garantizar sus intereses. Para hacer negocios.

Pero eso es lo que hay. No hay otro escenario político. Y lo que hemos visto, concluida la segunda ronda de conversaciones entre los representantes del gobierno y la fracción opositora que encabeza la exdiputada Dinorah Figuera, es un avance con cuenta gotas. Unas demandas no satisfechas del todo. Unas iniciativas que se parecen demasiado al inmovilismo político en que hemos vivido desde el año 2013, con sus estallidos de civilidad contenida en las calles, con sus gritos ensordecedores de libertad y democracia. Pero todo es a medias, como la reforma parcial de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia (sic). En adelante, seguirá siendo un instrumento para limitar, la libertad de expresión y prolongar la autocensura. No nos engañemos. Seguirá siendo una ley anticonstitucional. ¿Por qué no la derogan?  

Nadie puede asegurar que el diálogo que se ha abierto culmine en una transición real a la democracia. Los escenarios son muy variados. El chavismo, experto en empastelar las cosas, quiere alargar el proceso para que se realicen elecciones en 2030, dando por hecho que la elección del pasado 28 de julio la ganó legítimamente el señor Nicolás Maduro. Tiempo necesitan los Estados Unidos. Tiempo necesita el chavismo. Y es por esa razón que necesitamos un gobierno electo en las urnas, provisto de legitimidad.