A veces es
sólo una pregunta que sigue a un paréntesis, en este caso de oprobio y
dictadura militar. Después de ganar las elecciones del 17 de diciembre de 1958,
que marcaron el inicio de la segunda presidencia de Rómulo Betancourt, quedaba
pendiente la continuidad de la política petrolera iniciada en el trienio (1945—1948),
en el que Betancourt encabezó su primer mandato, al que llegó mediante el golpe
de Estado que derrocó al general Isaías Medina Angarita.
Hay que decir
que en el gobierno de Medina Angarita, a pesar de ser la prolongación de la
invasión de los andinos en el poder y, en parte, la prolongación de la larga
dictadura del general Juan Vicente Gómez, había en Venezuela algo parecido a
una apertura democrática. Medina promulgó la llamada ley del fifty—fifty,
que aumentó para el Estado venezolanos los ingresos por la venta del petróleo a
los Estados Unidos. Hubo un debate en la opinión pública, discusiones en el
parlamento, en un ambiente de libertad, como nunca antes se había vivido en
Venezuela.
Una de las
banderas del trienio adeco fue la decisión política que se resumió con estas
palabras “no más concesiones”. Las grandes empresas petroleras, entre otras la Shell
y la Standard Oil tenían razones para pensar que el jugoso negocio del petróleo
estaba en peligro. Y, obviamente, había que hacer algo, como apoyar el golpe
militar del general Marcos Pérez Jiménez. Fueron 10 años de dictadura, en los
que nada se hacía sin el conocimiento del general en el poder. Y, cuando, Pérez
Jiménez, decidió dar nuevas concesiones a las empresas petroleras, Juan Pablo
Pérez Alfonzo, se ofreció a venir al país para persuadir a Pérez Jiménez sobre
la inconveniencia de esa decisión. En el libro El Desastre, pág. 126, el propio
Pérez Alfonzo da cuenta de esa iniciativa, con estas palabras: “Ello condujo (…)
a que me ofreciera a venir acá (al país), aunque fuera a dar de nuevo a la
cárcel, a conversar con él (Pérez Jiménez) para explicarle como ni a él mismo
le convenía entregar nuevas concesiones. Y las nuevas concesiones fueron las
que lo tumbaron. Entonces, ese fue el momento en que le hice el memorándum (que
posteriormente se hizo público), sin consultarlo al partido porque no me
consideraba atado a eso”.
La
iniciativa se estrelló contra la tozudez del dictador, pero como un ejemplo de
alguien que arriesga su libertad por defender sus ideas y lo que considera útil
para preservar los intereses de su país. Recordemos que, para ese momento, la
dictadura se había convertido en una tiranía, que se cebó con saña contra la
dirigencia y la militancia del partido Acción Democrática (al igual que lo hizo
contra el Partido Comunista). Es en este contexto en el que hay que examinar y
valorar el gesto de Juan Pablo Pérez Alfonzo.
No hubo sanción, no hubo expulsión, aunque una iniciativa de ese calado pudo llevar a Pérez Alfonzo al ostracismo político, a convertirse en la víctima ideal del canibalismo político tan extendido y practicado en Venezuela.
Pérez Alfonzo no fue de los que se embarcó en el cargamento adeco que llegó al país con la ayuda del presidente costarricense, José Figueres. Él no estaba en San José, sino en Ciudad de México, y le había hecho saber a la dirección de AD que quería mantenerse al margen de la función pública. Pero Betancourt, un líder que rompía voluntades, simplemente le dijo: “y en materia de petróleo los asuntos pendientes, ahora ya ganadas las elecciones, ¿van a quedar pendientes?”. Y, como parte de esos asuntos, había en agenda un punto trascendental: la fundación de la OPEP. A Pérez Alfonzo no le quedó más remedio que encargarse de la cartera de Energía y Minas para llevar adelante la misión que él mismo se había propuesto.
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